Vivimos tiempos de tales sectarismo ideológico, simpleza analítica, intoxicación informativa y penuria intelectual, que, verbigracia, si repruebas la acción de un gobierno autoproclamado progresista de izquierdas, automáticamente sus masas cretinizadas (me gusta tanto esta expresión de Manuel de Prada que se la tomo prestada), cual coro de papagayos y cotorras alimentado con alpiste público y entrenado en la consigna burda, tratarán de denigrarte llamándote facha, es decir, reaccionario, o sea, «opuesto a cualquier innovación». So pena de correr este riesgo (lo cual me la transpira), y a pesar de lo desagradable que es hurgar en la basura política, quiero referirme a tres «innovaciones» ya introducidas o en vías de introducción por el peor ejecutivo que hemos padecido en democracia desde que existen registros.
La primera es la que han preparado con la LOGILIS (Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual o «del solo sí es sí»). Espero no resultar demasiado facha por opinar que, en una democracia de calidad, la reducción de pena o la excarcelación de un solo delincuente sexual como consecuencia de la aplicación de una ley que pretendía endurecer esos delitos sería suficiente motivo de dimisión, cuando menos de la ministra cuyo apretón legislativo le obligó a expelerla precipitadamente, desoyendo todas las advertencias. No dimitirá, así que concluyan el silogismo.
La segunda es la eliminación del Código Penal de la sedición, delito por el que, en legítima defensa, el Estado condenó a quienes subvirtieron el orden constitucional cometiendo el esperpéntico disparate de convertir a una comunidad autónoma española en república botifarrera independiente para, acto seguido, huir del paraíso recién conquistado escondido en un maletero; y todo, para pagar el apoyo de esos delincuentes tras indultarlos y rehabilitarlos y así tirar unos meses más ejerciendo ese poder con el que nuestro presidente felón disfruta más que un descerebrado con un espray.
Y la tercera, en fin, pretende librar del delito de malversación a quienes han sido condenados por «destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función», que en esto consiste malversar, con el fin de exculpar retroactivamente a un expresidente del partido ya condenado por ello y no por quedarse con la pasta a lo Roldán, que eso es un delito distinto.
En resumen: una chapuza legislativa (con tres jueces en el ejecutivo), un complot con los enemigos de España y una cacicada partidista son las tres «innovaciones» que hoy repruebo, aun exponiéndome a que cómplices ideológicos de los autores de sendas fechorías gubernativas me tachen de opuesto al progreso, es decir reaccionario, o sea facha. Lo cual, repito, me la finfla, fanfinfla y refanfinfla. Respectivamente.