Alcaldadas

(«Tout pour le peuple, rien par le peuple»)

.

Hace cinco años mostré aquí mi incredulidad por una alcaldada perpetrada por el ayuntamiento de Logroño, gobernado por el PP: renombrar la calle Calvo Sotelo (José) como Calvo Sotelo (Leopoldo), una auténtica burla al cambio de nombres de calles «franquistas», ya que don Leopoldo solo fue presidente año y medio y nada tuvo que ver con la ciudad. Entonces ironicé que, si era por evitar molestias a vecinos y comerciantes afectados, podían haber explotado tan fabuloso ingenio para sustituir otros nombres por los mismos, echando mano de algún sobrino de la Pantoja para dejar en paz las placas de la calle Primo de Rivera, o del prolífico cineasta Jesús Franco las del general, o maquillar nombres como Calle San Jurjo, Calle Que En General Mola, Calle de las Mil Icias, Plaza del Alférez Definitivo, Avenida de la División Azulona o considerar, por ejemplo, que los Héroes del Alcázar de Toledo fueron los atacantes y no sus defensores. 

Seis años después, asistimos a otra alcaldada, esta vez a cargo de un gobierno del PSOE: cómo, ¿que no puedo retirarle el nombre a un oficial logroñés de la División Azul que pereció en 1943 durante la batalla de Leningrado, invocando una Ley de Memoria cuya aplicación en el caso han rechazado los tribunales? Pues ahora lo hago porque sí, porque mi arrogancia política me impide aceptar que unos jueces me enmienden el patinazo; se van a enterar porque a este tío le quito la calle, aunque me asistan las mismas razones que para retirar del Espolón la estatua del espadón Espartero.

Miren, si por mí fuera ninguna calle llevaría el nombre de nadie. Las distinguiría con números o con nombres de ríos, montes, plantas, astros o elementos de la tabla periódica. En este caso concreto, que al teniente coronel Santos Ascarza le dediquen una calle me preocupa lo mismo que si se la retiran. Lo que me intranquiliza de esta nueva alcaldada es que constituye otro síntoma del preocupante proceso posdemocrático de deslegitimación del poder judicial a cargo del ejecutivo al que asistimos en España. Se manifiesta pasándose por el arco de triunfo una resolución sobre un cambio en el callejero, burlando una sentencia del Tribunal Supremo en un golpe de Estado por la vía del indulto o desobedeciendo la que obliga a enseñar el 25% en castellano: tú sentencia lo que quieras que yo haré lo que se me ponga, que para eso mando.

El problema ya no es la falta de independencia de los poderes del Estado, sino el absoluto desprecio que el ejecutivo demuestra cada vez más hacia el judicial, al que trata de controlar y manejar colocando a sectarios y sectarias de su cuerda en puestos clave. Se llama despotismo, y no precisamente ilustrado. Aquellos, al menos, leían.